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Desahucio de trabajador con VIH en República Dominicana

Los ciudadanos en República Dominicana gozamos del derecho fundamental de la propiedad privada, del cual deriva el derecho a la libertad de empresas. Si la empresa contrata trabajadores, su dueño, en calidad de empleador, tiene plena potestad de gobernanza en la empresa, como la de dirección, supervisión y disciplinaria de cara a la relación con sus trabajadores, entre otras.


Dentro de estas potestades del empleador, el Código de Trabajo dispone que el empleador podrá ejercer un despido libre, que en Republica Dominicana se llama desahucio, siempre y cuando cumpla con el pago de las indemnizaciones correspondientes. También, la legislación laboral dispone el despido justificado, el cual esta supeditado a una falta grave e inexcusable cometida por el trabajador.

Estas facultades del empleador presentan restricciones legales, como las que se encuentran en la Ley 135-11 sobre el VIH/SIDA, específicamente en sus artículos 8 y 9 los cuales establecen lo siguiente:


“Articulo 8.- Nulidad del desahucio. Es nulo de pleno derecho todo desahucio ejercido contra un trabajador, por el hecho de que éste viva con el VIH o con SIDA o como consecuencia de la realización de pruebas para la detección del VIH o de sus anticuerpos o de cualquier examen médico, promovido por el empleador o por la negativa del trabajador a realizarse o a someterse a los mismos.” (El subrayado es nuestro)


“Articulo 9.- Nulidad del despido. Es nulo de pleno derecho todo despido que obedezca a la condición de salud de un trabajador con el VIH o con SIDA; en consecuencia, todo despido que se ejerza en contra de un trabajador que vive o se sospecha que vive con el VIH o con SIDA, debe ser sometido previamente al Departamento de Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus funciones, a fin de que se determine si el despido obedece o no al hecho de su seropositividad al VIH.”


Así mismo, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado, fundamentando

sus motivaciones en los artículos ya señalados: “Que el derecho del trabajo desde su

nacimiento, contrario a lo sostenido por la empresa recurrente, ha establecido limitaciones a la autonomía de la voluntad, en el establecimiento de salarios mínimos, en las restricciones para la contratación de los trabajadores y en el caso de la especie en la terminación de los contratos de trabajo, sea por un estado natural, como es la

maternidad, sea por padecer una enfermedad sensible como es vivir con el VIH, en ambos casos la legislación protege a los trabajadores para los casos de despido y desahucio”


Este es un claro ejemplo legal y jurisprudencial de la restricción a un derecho fundamental de contenido laboral, como lo es el derecho a la propiedad privada en el caso del empleador, haciendo reservas sobre la posibilidad, de que, así como las

restricciones mencionadas, puedan existir otras en ese mismo sentido.


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